México
– 08/01/2015
No
soy analista político, no lo quiero ser y, menos aún, me las doy de serlo.
Cuando hay algo que no entiendo, simplemente trato de analizarlo con sentido
común. De ese proceso surge un resultado seguramente poco profundo, pero pocas
veces lejano a la realidad.
Una
de las primeras inquietudes que me surgió en México fue tratar de explicarme
por qué, en un pueblo en donde el 90 % de sus habitantes son de piel cobriza,
su presidente es de tez clara y con pinta de cantante de los 70s. ¿Por qué alguien,
que desde el vamos, pertenece a una parte minoritaria de la población, es
elegido para gobernar?. De arranque, se puede presumir que no gobernará para la
mayoría, al menos porque simplemente no los va a comprender ni a entender sus
necesidades.
El
caso del presidente Enrique Peña Nieto no es el único. Casi que es así en la
mayoría de los estados mexicanos. Sin ir más lejos, cuando pasé por Chiapas
noté exactamente lo mismo. Mejor dicho, esa diferencia entre gobernante y
gobernados fue más evidente aún. El gobernador Manuel Velasco Coello es un
hombre de 34 años más blanco que la leche y dirige los destinos de una zona que
tiene un 70% de población de sangre maya pura, sin mezcla. Y parece que este
abogado se tiene confianza, porque ya aspira a ser uno de los presidenciables
en 2018, coquetea con otros partidos
(hasta con el mismísimo Peña Nieto) y gasta anualmente más del 30% del
presupuesto de Chiapas en publicidad para mostrarse.
Podría
decirse que el subcomandante Marcos también es “blanquito”, como el mismo dice.
La diferencia es que Rafael Guillén (ahora subcomandante Galeano, en honor a un
camarada asesinado) ha vivido y vive entre las comunidades zapatistas, las
decisiones las toma el conjunto y, más aún, ahora quien es la voz de la
dirigencia zapatista es el subcomandante Moisés, que es tan cobrizo como su
pueblo.
Entonces ¿cómo la más pequeña de las minorías
gobierna a una mayoría inconforme y por qué esta mayoría los elige?
La
respuesta a la segunda parte de la pregunta parecen tenerla ahora los sectores
más críticos y combativos, que están militando la no realización de los
comicios de este año, ya que sostienen que en México las voluntades se compran
y que los resultados de las elecciones no reflejan la voluntad del conjunto.
Y
la primera parte la responde el mismo gobierno nacional y el sector político, en
general. Ya hay leyes nacionales y de los estados, que tratan de impedir y criminalizan
las manifestaciones populares.
Durante
el 2014, con acuerdos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del
Partido de Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), se promulgaron leyes para evitar estos reclamos y manifestaciones de
los gobernados.
El
2 de diciembre pasado (ya había ocurrido la masacre de los normalistas) la Cámara
de Diputados promovió y aprobó una ley garantizando la “movilidad universal”,
diciendo que solo se pueden realizar manifestaciones, siempre y cuando “no se
dañen derechos de terceros” y se acotó que estos actos deben realizarse en
zonas donde no se entorpezca el normal funcionamiento de las ciudades. Es decir
que las manifestaciones deben hacerse en un manifestódromo.
Por
su parte el Senado aprobó la llamada “ley antiterrorismo”, que apunta para el
mismo lado. En ella se castiga con hasta 40 años de a quien o quienes entorpezcan
el normal funcionamiento de puertos marítimos y aeropuertos, entre otros puntos.
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ya advirtió que se están vulnerando con
estas leyes el derecho a expresarse y a reclamar de la población, pero al
Gobierno no le ha preocupado mucho esta advertencia. Más aún, hay algunos
estados que ya han dictado leyes similares y otros que están en camino de hacer
lo mismo.
En el
mes de mayo pasado en Puebla se probó lo que se dio en llamar la “Ley Bala”,
que autoriza a las fuerzas de seguridad a utilizar armas “no letales”, para
reprimir las protestas. A poco de aprobarse esa ley, el 9 de julio y mientras
los habitantes del pueblo de San Bernandino realizaban una manifestación en
contra de que se cerrara el registro Civil local y solo se atendiera en la
ciudad capital, los policías reprimieron con postas de goma y una de ellas
impactó en la cabeza de José Luis Tehuatlie, un niño de 9 años, y lo mató.
En el Estado de Quintana Roo, en el mes de mayo, se aprobó otra ley antimarchas. En ella se
obliga a pedir autorización para realizarlas y le da plenas facultadas a la
policía para dispersarlas, si es que reciben alguna queja.
De
la mano con el vecino
A
poco de finalizar la reunión que mantuvo en Estados Unidos el presidente
Enrique Peña Nieto con su par Barak Obama, el embajador de México en ese país,
Eduardo Medina Mora, reconoció que el FBI había colaborado con la Procuraduría
General de la Nación en el caso de los normalistas de Ayotzinapa pero, también,
dijo que el buró tiene una oficina fija en México y que “hay un enorme espacio
de colaboración bilateral entre ambos países y ofrecimiento de ayuda (de EEUU)
a México para combatir el crimen organizado”.
Además de esta “colaboración”
en seguridad interna, se informó que México, el noveno productor mundial de
petróleo le comprará, por primera vez en décadas, 100 mil barriles de petróleo
mensuales a Estados Unidos que, a su vez, es el principal comprador de petróleo
mexicano. “La negociación entre ambos gobiernos va por buen camino”, dijo el embajador Eduardo Medina Mora.
Quizás sea esta alguna de las explicaciones del por qué la minoría
mexicana es la que gobierna. Quizás haya otras, pero el sentido común aún no
las logra descifrar.
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